PARLAMENTARIOS EXIGEN EXPLICACIONES POR ENTREGA ERRÓNEA DE MÁS DE 14 MIL CÉDULAS DE RESIDENCIA DEFINITIVA

Según una investigación periodística de Ciper, el organismo otorgó de manera errónea cédulas de identidad con residencia definitiva por cinco años a miles de extranjeros que, por su condición jurídica de solicitantes de refugio, solo estaban habilitados para recibir permisos temporales.

Una transversal preocupación y duras exigencias de fiscalización generó en el Congreso Nacional la revelación de un grave desajuste administrativo en el Servicio de Registro Civil e Identificación. La falla informática y de gestión afectó al menos a 14 mil registros con inconsistencias durante el período 2024-2025, encendiendo las alarmas de las comisiones parlamentarias debido a los eventuales riesgos para la seguridad pública y el ordenamiento migratorio del país.

El caso sumó complejidad política al revelarse que el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Luis Thayer, envió en su momento al menos tres oficios preventivos tanto al Registro Civil como a la Subsecretaría de Justicia advirtiendo sobre las fallas operativas, sin que se frenara la emisión de los documentos. Ante este escenario, parlamentarios de diversas bancadas anunciaron una ofensiva fiscalizadora.

La diputada Joanna Pérez (Demócratas), quien preside la instancia, advirtió que “cuando el Estado entrega documentación que acredita una condición migratoria que no corresponde, se genera un problema serio para el adecuado funcionamiento del sistema”. La diputada Claudia Mora (RN) por su parte, calificó el hecho como “grave” y confirmó que solicitará citar al director nacional del Registro Civil, Pedro Lea-Plaza Edwards, además de a directivos de Banco Estado. “Entendemos que esas cédulas han sido bloqueadas, no obstante (…) esto puede significar un inconveniente importante e incluso un problema de seguridad”, acusó.

En tanto, el diputado César Valenzuela (PS) anunció el envío de oficios formalizados al organismo para obtener el detalle técnico de las operaciones fallidas y determinar si existieron “negligencias inexcusables” por parte del personal o de las jefaturas a cargo.