CONTRALORÍA DETECTÓ QUEC INE CONTRATÓ CENSISTAS CON ANTECEDENTES PENALES Y ÓRDENES DE EXPULSIÓN VIGENTES

Duro revés institucional enfrenta el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) luego de que la Contraloría General de la República (CGR) emitiera un lapidario informe de fiscalización respecto al Censo 2024.

Una auditoría al Censo 2024 reveló graves anomalías en los procesos de reclutamiento del Instituto Nacional de Estadísticas, entidad que empleó a personas condenadas por delitos de alta connotación social y a extranjeros no habilitados para trabajar, ordenándose la restitución de más de 300 millones de pesos. El órgano contralor detectó severas irregularidades en los filtros de contratación del personal en terreno, constatando la incorporación de personas con antecedentes penales vigentes y de ciudadanos extranjeros que se encontraban de manera irregular en el país, lo que derivó en la exigencia de restituir sumas millonarias de las arcas fiscales.

De acuerdo con los antecedentes técnicos del documento, la Contraloría determinó que el INE debe gestionar de manera urgente la recuperación de más de $300 millones de pesos asociados a anomalías en los pagos y contratos del proceso censal. La revisión exhaustiva de los perfiles del personal contratado echó por tierra los protocolos de seguridad que la institución pública debió implementar para el resguardo de la ciudadanía durante las visitas domiciliarias.

El desglose de la auditoría constató que el INE empleó activamente a 16 personas que registraban antecedentes penales por delitos de alta connotación social, entre los que se detallan condenas y causas vigentes por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas. Esta situación contraviene de forma directa las normativas de idoneidad exigidas para el ejercicio de funciones públicas en terreno. Asimismo, el cruce de datos con el Servicio Nacional de Migraciones expuso que la entidad estadística contrató a 14 ciudadanos extranjeros que no contaban con la habilitación legal para ejercer labores remuneradas en el territorio nacional.

Ante estos hallazgos, la Contraloría General de la República ordenó al INE el inicio inmediato de sumarios administrativos internos para determinar las responsabilidades de las jefaturas encargadas del reclutamiento.