COMISIÓN DE HACIENDA APRUEBA PROYECTO DE ENDEUDAMIENTO FISCAL POR US $6.200 MILLONES IMPULSADO POR EL GOBIERNO

La instancia legislativa visó con urgencia la iniciativa del Ejecutivo para ampliar la deuda pública, medida fundamentada en un déficit superior al proyectado en el Presupuesto 2026, diferencias cambiarias y compromisos de pago pendientes con proveedores estatales.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que faculta un endeudamiento público adicional por un monto de hasta US$6.200 millones para el presente ejercicio presupuestario. La iniciativa, que fue ingresada por el Gobierno con calificación de suma urgencia, busca asegurar los flujos de caja necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones financieras del Estado frente a un escenario fiscal más complejo que el previsto originalmente.

El requerimiento de financiamiento complementario surge tras constatarse que el déficit fiscal proyectado en la actual Ley de Presupuestos 2026 sufrirá un descalce sustantivo en comparación con los saldos que efectivamente se registrarán al cierre de las operaciones financieras del año en curso. Tras una intensa deliberación técnica, los parlamentarios de la instancia legislativa respaldaron la moción por una mayoría de ocho votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, despachando el articulado a sus siguientes trámites constitucionales.

De acuerdo con las argumentaciones presentadas por los representantes del Ministerio de Hacienda ante la comisión parlamentaria, la ampliación del margen de endeudamiento por ley resulta indispensable no solo para absorber el impacto del mayor déficit estructural detectado y las fluctuaciones derivadas del tipo de cambio, sino que responde también a compromisos comerciales urgentes con el sector privado.

En el detalle de las justificaciones técnicas presentadas por el Ejecutivo, se explicitó que cerca de US$1.500 millones de la recaudación autorizada se destinarán de manera prioritaria a subsanar deudas y compromisos de pago devengados que el aparato estatal mantiene actualmente pendientes con diversos proveedores de bienes y servicios.